Alberto Kenya Fujimori Fujimori (en
japonés: Ken'ya Fujimori (Lima, 28 de
julio de 1938) es un ingeniero agrónomo, (con estudios de postgrado en Física y
Matemáticas) y político de nacionalidad peruana y japonesa. Ocupó la Presidencia
de la República del Perú entre el 28 de julio de 1990 y el 21 de noviembre del
2000.
Fujimori es una figura polémica en el
Perú. Actualmente se encuentra cumpliendo condena de 25 años de cárcel por
crímenes de lesa humanidad y delitos de corrupción de su autoría. Ha sido
calificado como autoritario por la prensa y parte de la población, y por
algunos personajes públicos como dictador, principalmente a raíz del
"autogolpe" de 1992. En 2004, la ONG Transparency International,
estimó en unos 600 millones de dólares la fortuna amasada ilegalmente por
Fujimori durante los diez años que estuvo en el poder. De este dinero, sólo
unos 160 millones han sido devueltos al Estado peruano a fecha de 2009.
A pesar de todas las acusaciones y
condena en su contra, el 59% de los peruanos se mostró a favor de un indulto
según una encuesta publicada en octubre de 2012, mientras que en otras
realizadas al año siguiente el apoyo se reduce sólo a un 50%.
A fines del año 2000, al verse acorralado
por diversos escándalos durante su gestión, viajó del Perú hacia Brunéi para
asistir a la cumbre anual de la APEC, desde donde viajó a Japón, país en el
cual pretendió a los pocos días dimitir a su cargo de Presidente a través de un
aparato de fax. Sin embargo, fue destituido por "incapacidad moral"
por el Congreso. Gracias a su doble nacionalidad, al principio pudo evadir las
acusaciones judiciales que pesaban en su contra hasta 2005.
El 6 de noviembre de 2005, Fujimori viajó
a Chile, donde fue detenido al día siguiente por las autoridades de aquel país;
se inició entonces, a instancias del gobierno peruano, el 11 de noviembre del
mismo año, un proceso de extradición en su contra. El 21 de septiembre de 2007,
la Corte Suprema de Chile aprobó la petición del poder judicial del Perú para
extraditarlo.
El 7 de abril de 2009, Fujimori fue
condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de
asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves, tras ser hallado
culpable intelectual de las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta,
en 1992, cometidas por un escuadrón del ejército conocido como el grupo Colina,
así como del secuestro de un empresario y un periodista. Fujimori apeló la
sentencia pero ésta fue ratificada en enero del 2010. Previamente, Fujimori
ya había sido hallado culpable por el ilegal allanamiento de morada en la
vivienda de Trinidad Becerra, esposa de Vladimiro Montesinos y condenado a seis
años de privación de libertad.
El 20 de julio del 2009, Fujimori fue
condenado a otros siete años y medio de cárcel al ser hallado culpable de
peculado doloso, apropiación de fondos públicos y falsedad ideológica en
agravio del estado.
Fujimori ha sido el líder de seis
agrupaciones políticas distintas: el movimiento Cambio 90, el partido Nueva
Mayoría, el movimiento Vamos Vecino, la alianza Perú 2000, el partido Sí Cumple
y la Alianza por el Futuro; además ha tentado una curul en el Senado japonés
por el partido Kokumin Shintō. En el 2011, aún cuenta con la simpatía de un
sector de la población de Perú y en las elecciones del 2011, Fuerza 2011 la
coalición que agrupa a los partidos Fujimoristas, obtuvo la segunda mayoría con
37 escaños en el Parlamento Unicameral (130).
Primeros años Alberto Fujimori nació en
Lima, Perú y fue criado en una familia de situación económica regular, siendo
hijo de Naoichi Fujimori y Mutsue Inomoto, ambos nativos de Kumamoto, Japón,
quienes emigraron al Perú en busca de trabajo y mejores condiciones de vida en
1934. Sus padres apelaron al consulado japonés de ese entonces para registrar a
sus hijos en el registro familiar japonés (Koseki) que después le permitiría
obtener la ciudadanía japonesa.
Fujimori realizó sus estudios primarios y
secundarios en el Colegio Nuestra Señora de la Merced, La Rectora y en la Gran
Unidad Escolar Alfonso Ugarte, respectivamente, ambos en Lima.
Cursó sus estudios de ingeniero agrónomo
en la Universidad Nacional Agraria La Molina en 1957, graduándose en 1961, como
el primero de su clase en la carrera profesional.
En 1964, estudió física pura en la
Universidad de Estrasburgo en Francia, y posteriormente obtuvo un posgrado en
la Universidad de Wisconsin-Milwaukee en Estados Unidos que le otorgó el grado
de máster en ciencias matemáticas en 1969.
Regresa a la Universidad Nacional Agraria
para ser profesor, y posteriormente llegaría a ser Decano de la Facultad de
Ciencias de la misma. En 1984, fue elegido rector, cargo que ocupó hasta 1989 y
en 1987, asumió como Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. También
fue anfitrión de un programa de televisión de debate llamado Concertando desde
1987 hasta 1989, que se transmitió por Televisión Nacional del Perú.
Vida política Fujimori comienza su
carrera política en 1990, cuando se presenta como candidato a la presidencia en
las elecciones generales de ese año al frente del movimiento Cambio 90, que
había creado el año anterior. Fujimori, entonces desconocido en las esferas
políticas, recibió un apoyo inicial de sectores marginales de la sociedad
peruana, pequeños empresarios y algunas iglesias evangélicas, que hacían su
ingreso en la vida política peruana.
Fujimori obtuvo el 20% de los votos en la
primera vuelta en abril de 1990, pasando a segunda vuelta contra el escritor
Mario Vargas Llosa (futuro premio Nobel de Literatura 2010); quien lideraba el
Frente Democrático (Fredemo), que agrupaba a los partidos tradicionales de
centro y derecha del Perú y dejando en el camino al candidato oficialista
(aprista), Luis Alva Castro.
Para la segunda vuelta electoral,
Fujimori recibió el apoyo de grupos de izquierda y el respaldo implícito del
gobierno aprista de Alan García. Durante esta etapa comienza a trabajar con
Vladimiro Montesinos, abogado y ex-capitán del ejército. El 10 de junio de
1990, Alberto Fujimori venció a Mario Vargas Llosa con el 60% de los votos.
Fujimorato.
Artículo principal: Gobierno de Alberto
Fujimori
Primer Gobierno (1990-1995) Fujimori
inició su gobierno el 28 de julio de 1990. Pronto se desvinculó de los grupos
evangélicos (Dr. Carlos García García) e informales que lo habían apoyado
inicialmente y debido a la falta de cuadros gubernamentales, su política de
gobierno dependió de la asesoría del ejecutivo de los Estados Unidos y del
Fondo Monetario Internacional (FMI), que enviaron especialistas para aplicar
sus planes de shock económico. Es en estas circunstancias que su asesor, el ex
capitán Vladimiro Montesinos, empieza a ocupar un rol preponderante en su
gobierno.
Los principales hechos del primer
gobierno fueron la disolución del Congreso, la aprobación de una nueva
Constitución en 1993, la derrota de los grupos terroristas Sendero Luminoso y
MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru), que puso fin a un largo conflicto
interno, y las reformas económicas introducidas en la economía para su
recuperación.
Cierre del Congreso y
crisis constitucional.
Artículo principal: Crisis constitucional
de 1992
La oposición en el Congreso de la
República revisaba exhaustivamente el paquete de decretos legislativos
expedidos por el Ejecutivo durante los tres períodos sucesivos de delegación de
facultades legislativas otorgadas por el Legislativo y además, se encontraba
molesta porque el presidente había observado más de diez autógrafas de ley
dadas por el Legislativo.[14] Ante la negativa del Congreso para concederle
amplios poderes para legislar sin fiscalización en temas económicos y de
política antisubversiva; y alegando una falta de cooperación tanto del APRA
como del FREDEMO, Fujimori, haciendo uso de la violencia (según el periódico La
República) decidió, el 5 de abril de 1992, disolver el Congreso de la República
y suspender las actividades del Poder Judicial. Este acto, denominado
popularmente como autogolpe, fue apoyado por las fuerzas armadas y causó la
llamada crisis constitucional de 1992.
Es cierto que la propia Constitución
prevé los mecanismos para su modificación, pero es igualmente cierto que (...)
(ello) vendría a significar que, casi al término del presente mandato, recién
contaríamos con los instrumentos legales necesarios para la reconstrucción
general del Perú. (...)
¿Cuál es la institución o mecanismo que
permitiría realizar todos los cambios profundos que a su vez hagan posible el
despegue del Perú? Sin lugar a dudas ni el Parlamento, ni el Poder Judicial son
hoy por hoy agentes de cambio, sino más bien freno a la transformación y el
progreso.
Como Presidente de la República, he
constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la
responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar aligerar el
proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes
trascendentales medidas.
1. Disolver temporalmente el Congreso de
la República, hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder
Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional.
2. Reorganizar totalmente el Poder Judicial,
el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías
Constitucionales, y el Ministerio Público para una honesta y eficiente
administración de justicia.
3. Reestructurar la Contraloría General
de la República con el objeto de lograr una fiscalización adecuada y oportuna
de la administración pública, que conduzca a sanciones drásticas a los
responsables de la malversación de los recursos del Estado.
5 de abril de 1992.
El 13 de noviembre de 1992, el general de
división EP Jaime Salinas Sedó lideró, junto con un grupo de militares del
Ejército del Perú, un intento por restablecer el orden democrático, quebrado
después del "Autogolpe". Cuando los militares se alzaron contra
Fujimori, éste buscó rápidamente refugio en la embajada del Japón y denunció la
medida como un intento de asesinato. La acción fue controlada y sus líderes
encarcelados.
Fujimori inició entonces un gobierno de
facto al que se bautizó como Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional,
que fue tildado como autoritario. Ese mismo año debido a presiones tanto
internas como externas (principalmente de la OEA), convocó rápidamente a
elecciones para un Congreso Constituyente Democrático que sancionaría tras ser
aprobada en referéndum la Constitución de 1993, que trajo consigo cambios en el
funcionamiento del estado, dándole más poder al presidente y recortando los
poderes del Congreso; además de reducir el poder fiscalizador del estado en
diferentes áreas. Esta constitución fue aprobada mediante el referéndum de 1993
contando a favor el 52,24% de los votos válidos.
Lucha contra el terrorismo.
En los inicios de su gobierno tuvo lugar
una intensa campaña de atentados terroristas de la organización maoísta Sendero
Luminoso (que en el campo empezaba a tener serios reveses en su guerra contra
el estado) y en menor medida, del movimiento revolucionario guevarista MRTA. En
Lima, la explosión de un coche bomba el 16 de julio de 1992 en la Calle Tarata,
-en el distrito de Miraflores- sería la acción más sangrienta que marcaría este
periodo.
Hubo asimismo actos de violencia
relacionados con la represión estatal y graves violaciones a los derechos
humanos. En diciembre de 1991, ocurrió la masacre de los Barrios Altos, en que
fueron asesinadas 15 personas; y en julio de 1992 tuvo lugar el asesinato de 9
alumnos y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y
Valle (La Cantuta). Estas acciones fueron llevadas a cabo por el Grupo Colina,
escuadrón de la muerte que funcionó durante aquellos años como parte de una
represión ilegal falsamente fundamentada en el combate contra posibles miembros
de la organización terrorista Sendero Luminoso.
Las acciones de los Servicios de
Inteligencia de la Marina, Ejército y Policía Nacional del Perú, combinadas con
la auto-organizadas Milicias Rurales de la Sierra -llamadas comúnmente
Ronderos- a quienes se les adiestró y equipó militarmente, consiguieron dar
golpes cada vez más duros al terrorismo. En julio de 1992, se logró la captura
de Víctor Polay Campos, líder del MRTA. El 12 de septiembre, se asestó el golpe
decisivo al terrorismo. En esa fecha la Dirección Nacional contra el Terrorismo
(DINCOTE), dirigida por el coronel de policía Ketín Vidal logró capturar
pacíficamente a Abimael Guzmán, jefe del grupo terrorista Sendero Luminoso,
quien pretendía establecer un régimen maoísta en Perú, junto con varios
miembros del comité central de la organización. Tras esto, Sendero Luminoso
entró en un franco retroceso y en pocos años había quedado reducido a unas
pocas columnas localizadas en la selva alta peruana, sin representar ninguna
amenaza importante. De esta forma se puso fin a una década de terrorismo de dicha
organización.
Política Económica.
Durante el primer periodo de su gobierno,
siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) (y
contrario a lo que había prometido como candidato) aplicó una reestructuración
de precios llamada Shock que permitió controlar la inflación, pero que provocó
la devaluación de los salarios de la mayoría de la población. Asimismo, cambió
la moneda al actual Nuevo Sol.
Su política económica se centró en la
aplicación de conceptos neoliberales y de libre mercado. Si bien llegó a
estabilizar la vida económica y permitió la reinserción del Perú en el sistema
financiero internacional, así como la privatización de las compañías del Estado
a manos extranjeras, también ocasionó despidos masivos de obreros y empleados
públicos, así como la supresión de las protecciones a la ineficiente industria
nacional, lo cual llevó a su quiebra y a altos índices de desempleo. En
consecuencia, se redujo al mínimo la actividad sindical y aumentó la actividad
económica informal. Por otro lado, la reducción del estado y la liberalización
de la economía nacional fomentaron la inversión extranjera. Como resultado, en
1994, la economía peruana creció un 13%, a pesar de los despidos masivos
acaecidos.
Segundo Gobierno
(1995-2000)
Reelección.
Debido a que la nueva Constitución
Política permitía la reelección presidencial; Fujimori pudo presentarse en las
Elecciones Generales de 1995, siendo reelecto con el 64% de los votos venciendo
al ex-Secretario General de las Naciones Unidas Javier Pérez de Cuéllar.
La crisis de los rehenes.
A partir de diciembre de 1996, Fujimori
se enfrentó la llamada crisis de los rehenes, que sería la última gran acción
terrorista que vivió el Perú. El 17 de diciembre de 1996, 14 integrantes del
Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), liderados por el ex sindicalista
Néstor Cerpa Cartolini tomaron como rehenes a unas 800 personas pertenecientes
a la jerarquía política, social y económica peruana en la residencia del
Embajador de Japón en Perú.
La crisis suscitó en los meses sucesivos
la atención internacional. Los secuestradores denunciaron la grave situación de
violaciones a los derechos humanos en las cárceles peruanas y exigían la
liberación de varios presos del MRTA. El Estado Vaticano envió como negociador
a Juan Luis Cipriani, a la sazón arzobispo de Ayacucho, y se consiguió la
liberación de la mayoría de los rehenes, quedando solamente 72 de ellos en
cautiverio. La Cruz Roja Internacional fue aceptada por los miembros del MRTA
como organización competente para garantizar la alimentación y los cuidados de
salud de los rehenes.
La crisis finalizó en abril de 1997,
cuando en una acción sorpresiva, mediante una operación militar fueron
liberados 71 de los 72 rehenes que todavía se mantenían cautivos. La acción
militar denominada Chavín de Huántar, se organizó en secreto e implicó el
acceso a la residencia del embajador japonés por túneles subterráneos
especialmente construidos. Los sucesos fueron transmitidos desde sus inicios en
vivo y en directo en el Perú y en varios países del mundo vía CNN y otras
cadenas de televisión extranjeras. En la operación se informó que habían muerto
dos comandos, un rehén y los 14 terroristas. Fujimori usó el éxito de la
operación para consolidar su apoyo entre la población en un momento en que
comenzaban a aparecer crecientes denuncias de corrupción y debilitamiento.
Ley de Interpretación Auténtica.
En el año 1996, Fujimori inició maniobras
legales para presentarse por tercera vez como candidato, desatando la
controversia política en torno a la Constitución al promulgar una ley
denominada de Interpretación Auténtica de la Constitución, en la que se
facultaba a sí mismo para presentarse por tercera vez a la presidencia. El
argumento de esta ley señalaba que si bien el artículo 112ª indicaba que el
presidente puede ser reelegido sólo para un periodo inmediato o después de
transcurrido otro período constitucional, la elección de Fujimori el año 1990
no contaba porque no se encontraba vigente la Constitución de 1993 sino la de
1979. En ese sentido, Fujimori argumentó que sólo se había presentado como
candidato una vez (1995), por lo que en el año 2000 se daría su segunda postulación.
"Interpretase de modo auténtico, que
la reelección a que se refiere el Artículo 112o. de la Constitución, está
referida y condicionada a los mandatos presidenciales iniciados con
posterioridad a la fecha de promulgación del referido texto constitucional. En
consecuencia, interpretase auténticamente, que en el cómputo no se tiene en
cuenta retroactivamente, los períodos presidenciales iniciados antes de la
vigencia de la Constitución.
Ley
Nº 26657
Por otro lado, sectores críticos con la ley
hicieron notar que precisamente como argumentaban los redactores de la ley, el
mandato de Fujimori iniciado en 1990 ocurrió cuando se encontraba vigente la
Constitución de 1979, la cual no permitía una reelección inmediata. Por tanto
su segundo periodo sólo podría justificarse asumiendo que la Constitución de
1993 (que permitía dos periodos consecutivos) se aplicaba al mandato
presidencial iniciado en 1990.
El Tribunal Constitucional, dividido ante
esta controversia, intentó sancionar acerca de la constitucionalidad de esta
ley, lo que motivó que el Congreso de la República, de mayoría fujimorista,
destituyera a tres de sus miembros, acabando con cualquier vestigio de
independencia en el Poder Judicial del Perú. Estas circunstancias determinaron
el inicio de protestas estudiantiles, sindicales, y de numerosos grupos de la
sociedad civil.
Control de los medios de comunicación.
Desde 1992, se le acusa de iniciar una
intervención en los canales de televisión y periódicos para obtener el apoyo de
éstos para su gobierno y el ocultamiento de actos de corrupción. De esta forma
se sobornó a la mayoría de los directores de los principales medios de
comunicación del país, con lo cual éstos fueron casi siempre favorables al
régimen. A cargo de esta política estuvo el asesor de inteligencia Vladimiro
Montesinos, quien sería el hombre fuerte del gobierno desde la sombra.
Se denunciaron varios casos de amenazas e
intimidaciones a periodistas. Los más críticos al gobierno, como César
Hildebrandt, fueron despedidos e incluso se denunciaron planes para el
asesinato de éstos, con el nombre de Plan Narval. En mayo de 1997 al ciudadano
israelí nacionalizado peruano Baruch Ivcher, propietario del canal Frecuencia
Latina -hasta entonces cercano al gobierno-, se le retiró la nacionalidad
peruana (en 2007, la revista Caretas publicó evidencias de que este retiro de
nacionalidad no era ilegal). Además Ivcher fue forzado a abandonar el país, por
su oposición al cese de los miembros del Tribunal Constitucional.
También se le acusó de financiar a
diarios pequeños (la denominada Prensa Chicha), cuya característica principal
era mostrar a los opositores al Fujimorato en sus portadas de forma burlesca.
Guerra y paz con Ecuador.
Desde su nacimiento como repúblicas
independientes a principios del siglo XIX, y hasta el año de 1998, ambos países
mostraron discrepancias sobre sus límites fronterizos en regiones comprendidas
entre la cuenca del Amazonas y la cordillera de los Andes. Los problemas en la
delimitación de fronteras con el Perú, Ecuador los recibió en herencia de la
época en que pertenecía a la Gran Colombia, llegando a agudizarse en tres
ocasiones (1941, 1981 y 1995) y desembocando en guerras generalmente cortas. El
conflicto se convirtió durante siglo y medio en el principal factor que
dificultó el fortalecimiento de las relaciones comerciales
peruano-ecuatorianas. A inicios de 1995, se produjo un conflicto armado con el
Ecuador por la región fronteriza nororiental conocida como Cordillera del
Cóndor. En marzo, de ese año se firmó un alto el fuego en el palacio
presidencial de Itamaraty en Brasilia. En los siguientes años se vivió una
situación bastante tensa en las relaciones entre Perú y el Ecuador. Tras la
llegada a la presidencia ecuatoriana de Jamil Mahuad en agosto de 1998, se
iniciaron negociaciones con Ecuador para obtener una solución definitiva al
conflicto. En octubre de 1998, se firmó el Acta de Brasilia, en la cual Ecuador
y Perú aceptaron la fijación de la frontera en un tramo de 78 kilómetros en
acuerdo a un dictamen de los garantes del Protocolo de Río de Janeiro. En un
acto simbólico, Perú cedió al Ecuador como propiedad privada (es decir, sin
ninguna soberanía) un kilómetro cuadrado de terreno donde se encuentra Tiwinza.
El tratado trajo la oposición de varios miembros del gobierno y de la cúpula
militar, que tuvo que ser reorganizada a raíz de esto. Asimismo, la oposición
denunció un manejo manipulativo y poco sincero del conflicto con Ecuador.
Elecciones del 2000.
A partir de finales de los 90, el
gobierno de Fujimori enfrentó una creciente impopularidad mientras se
descubrían numerosos casos de corrupción, volvían las dificultades económicas y
se hacían patentes las intenciones de éste de perpetuarse en el poder. En
septiembre de 1998, el congreso (en el que los partidarios de Fujimori tenían
la mayoría absoluta) desestimó el pedido de nulidad de la Ley de Interpretación
Auténtica.
Fujimori se presentó como candidato para
las elecciones generales del 2000 sin renunciar previamente a su investidura de
Presidente de la República. Tras una campaña proselitista empañada de
acusaciones de fraude, tienen lugar en abril las elecciones, en las cuales
surgió inesperadamente como segundo el economista Alejandro Toledo, líder del
movimiento político Perú Posible, y que posteriormente aglutinaría en torno a
sí a los grupos de la oposición.
Durante la primera vuelta, Fujimori
superó a todos los otros candidatos incluido Alejandro Toledo quien
argumentando un supuesto fraude se negó a participar en la segunda vuelta
electoral (sin presentar nunca su renuncia oficial ante el Jurado Nacional de
Elecciones) y llamó a la población a votar en blanco. Producida esta, que tuvo
lugar en mayo, resultó ampliamente elegido Alberto Fujimori y la opción
alentada y respaldada por Toledo del voto en blanco alcanzó la nada
despreciable cifra del 17% de los sufragios. A raíz de la victoria de Fujimori,
sus detractores incitaron protestas y el 28 de julio, durante la toma de
posesión de Fujimori, tuvo lugar la Marcha de los cuatro suyos dirigida por
Alejandro Toledo. Durante la marcha, se denunció la infiltración de matones
para desorganizarla y ocurrió el incendio de una sede del Banco de la Nación,
en el cual murieron 6 de sus empleados. Se especuló que el gobierno había
ordenado iniciar el incendio, ya que las instalaciones se desplomaron por
completo a pesar de ser de material noble, y en los enfrentamientos entre los
vehículos policiales y los manifestantes no se dio la magnitud destructiva
necesaria como para destruir un edificio al punto que quedó el del Banco de la
Nación.
"Un importante contingente de
ciudadanos no coincide con nuestras propuestas. Eso es previsible en el juego
democrático. Sin embargo, respetando esas opiniones discrepantes, tenemos que
admitir que no existe ninguna democracia en el mundo en la que gobiernen las
minorías, por muy respetables que éstas sean. Menos aún que gobiernen los no
elegidos, o aquellos candidatos a congresistas que han obtenido un mínimo
número de votos. Eso no existe en ninguna parte del mundo, menos en el
Perú."
28 de julio de 2000.
Tercer Gobierno (2000)
Vladivideos.
Tiempo después de iniciar su tercer
período en el 2000 y a través de la compra de un vídeo por parte de grupos
opositores, salieron a la luz el 14 de septiembre de ese año evidencias de los
actos de corrupción efectuados durante su gobierno por Montesinos, su más
cercano colaborador. Fue mediante vídeos de cámara oculta que Montesinos
instalaba y en los que aparecía sobornando a miembros de otros partidos para
que apoyasen a Fujimori. En ese momento estalló la última crisis de su gobierno;
Fujimori dio un sorpresivo mensaje a la nación el 16 de septiembre, donde
anunciaba la desactivación del SIN y la convocatoria a nuevas elecciones
generales, tanto para la elección de un presidente como de un nuevo congreso de
la República. En estas elecciones, señaló que no participaría activamente como
candidato.
"Por ello, tras una profunda
reflexión y objetiva evaluación de la coyuntura he tomado la decisión; 1° de
desactivar el Sistema de Inteligencia Nacional y en 2°lugar de convocar a
Elecciones Generales medida esta última que espero sea acogida y entendida, en
su real contexto por los organismos competentes. En esas elecciones generales
—de más está decirlo— no participará quien habla, sino todos aquellos que se
sientan capaces de ejercer la primera magistratura o las funciones congresales."
16 de septiembre de 2000.
Fujimori cesó a Montesinos de su cargo
formal como asesor, agradeciéndole por los servicios prestados, en un acto que
provocó indignación en muchos ciudadanos. Además Fujimori entregó personalmente
15 millones de dólares en efectivo a Montesinos como indemnización. Poco
después, Montesinos viajó a Panamá buscando asilo político, que nunca fue
concedido. El 23 de octubre regresó por sorpresa, lo que desató un nuevo
escándalo. El 29 de octubre Montesinos volvía a salir furtivamente del país, a
bordo del velero "Karisma", llegando a recalar finalmente en
Venezuela en la clandestinidad.
Abandono del cargo.
En medio del caos político y la
inestabilidad de su presidencia, Fujimori en su condición de Presidente del
Perú, viajó el 13 de noviembre a la Cumbre del APEC en Brunéi Darussalam, Asia.
Al finalizar esta conferencia, se tenía previsto su paso por Kuala Lumpur para
luego llegar a Tokyo y desde allí emprender un viaje a Panamá para la X Cumbre
Iberoamericana; sin embargo Fujimori se quedó en la capital del Japón. En la
ciudad nipona Fujimori se hospedó en el lujoso hotel New Otani, además declaró
a la Agence France-Presse que "no quiere ser un factor de
perturbación" en el Perú.
Ante el temor de que fuera denunciado
penalmente por los actos de corrupción de su gobierno y alegando falta
explícita de garantías para su integridad física; Fujimori, desde Tokio,
remitió por fax al Presidente del Congreso de la República, su renuncia formal
a la Presidencia y luego envió un mensaje a sus partidarios, anunciándoles que
renunciaba a la Presidencia de la República.
"He vuelto, entonces, a interrogarme
sobre la conveniencia para el país de mi presencia y participación en este
proceso de transición. Y he llegado a la conclusión de que debo renunciar,
formalmente, a la Presidencia de la República, situación que contempla nuestra
Constitución, para, de este modo, abrir paso a una etapa de definitiva distensión
política que permita una transición ordenada y, algo no menos importante,
preservar la solidez de nuestra economía."
19 de noviembre de 2000.
Ante lo insólito del hecho y los diversos
escándalos al interior del régimen descubiertos, el Congreso de la República
decidió rechazar la renuncia (que por carecer de refrendación ministerial, era
legalmente nula) y declarar vacante la Presidencia de la República aduciendo
"incapacidad moral permanente" y lo inhabilitó para ejercer cualquier
cargo público por un periodo de 10 años.
"De conformidad con el artículo 100°
de la Constitución Política, y considerando la gravedad de los hechos
denunciados contra el ex Presidente de la República, don Alberto Fujimori
Fujimori y las evidentes infracciones constitucionales en que ha incurrido, se
hace imperativo ejercer las atribuciones del Congreso de la República
establecidas en el artículo 100° de la Carta Magna del Estado, para imponer
sanción ejemplar, ha resuelto:
Inhabilitar a don Alberto Fujimori
Fujimori, ex presidente de la República, para el ejercicio de toda función pública
por diez años."
Resolución Legislativa,
23 de febrero de 2001.
El Procurador público especial
representante del Ministerio de Justicia, José Ugaz, solicitó y obtuvo la
congelación de las cuentas de Vladimiro Montesinos, otros ex-funcionarios del
gobierno y empresarios vinculados a estos, en el extranjero: 140 millones de dólares
en Suiza, 64 en las Islas Caimán, 20 en Estados Unidos y unos 4 millones en
otros países; así como 18 millones en el propio Perú, sin embargo, no se ha
encontrado ninguna cuenta hasta el momento a nombre de Alberto Fujimori ni de
sus familiares más cercanos.
Después de su gobierno.
Exilio en el Japón e Inicio del proceso
de extradición.
Desde el momento de su renuncia y
posterior destitución y hasta a su detención en Chile, Fujimori residió en el
Japón y le fue reconocida la nacionalidad japonesa en su condición de hijo de
padres japoneses.
El nuevo gobierno peruano, trasladó al
Japón el pedido de las autoridades judiciales peruanas solicitando la
extradición de Fujimori, pero el gobierno japonés protegió hasta el final al ex
presidente. Japón nunca se pronunció sobre la solicitud de extradición, a cargo
de las autoridades peruanas; situación que se mantuvo hasta que Fujimori viajó
a Chile. Sin embargo, pese a que Japón nunca se pronunció oficialmente, es
conocido que la legislación japonesa prohíbe la extradición de sus ciudadanos a
terceros países. La Fiscal de la Nación, de ese entonces, Nelly Calderón
Navarro insistió sobre la necesidad de que Japón extraditase a Fujimori y dijo
que en caso contrario se recurriría a la Corte Penal Internacional de Justicia.
El Canciller del Perú, el 14 de marzo del
2005, durante su intervención ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU,
señaló: "El Gobierno del Perú reitera su invocación al Gobierno del Japón
para que contribuya al acceso a la justicia, autorizando la extradición del ex
presidente Alberto Fujimori." Desde su impuesto autoexilio, Alberto
Fujimori sostuvo que todo el proceso seguido en su contra se debía a una
venganza política, con acusaciones basadas en relatos de terceros, que no han
aportado pruebas objetivas en contra suya.
En el 2005, tras negociaciones con los
dirigentes de los partidos fujimoristas se concretó una nueva alianza entre
Nueva Mayoría y Cambio 90 denominada Alianza por el Futuro e invita a
participar al Movimiento Sí Cumple (ex Vamos Vecino), que no había podido
inscribir la candidatura del propio Fujimori, con lo cual se entendió que
presentar ambas candidaturas fue una estrategia para intentar una nueva
candidatura de Fujimori a la presidencia de Perú. Finalmente quien representó
al Fujimorismo, en las elecciones generales de 2006, fue la ex Presidenta del
Congreso Martha Chávez, obteniendo casi un millón de votos a nivel nacional,
equivalente al 10% del total de los sufragios según los resultados de la ONPE.
Dicha alianza también colocó a 13 congresistas, siendo elegida la hija mayor de
Fujimori, Keiko Fujimori congresista con la más alta votación de dicha
elección.
Viaje, detención y extradición desde
Chile[editar · editar código]El 6 de noviembre de 2005 Fujimori llegó a
Santiago de Chile procedente de Tokio, a bordo de un vuelo privado, habiendo
ingresado a este país con pasaporte peruano (con lo cual escogió utilizar la
peruana como nacionalidad activa y la japonesa como nacionalidad pasiva). Al
día siguiente fue detenido por orden de un ministro de la Corte Suprema
chilena, que emitió un auto de detención previa contra él, luego de un
requerimiento de la Embajada del Perú en Chile (causa Rol Nº 5646-2005).
Mientras tanto, en Lima, se convocó a un
Consejo de Ministros urgente para evaluar la nueva situación presentada tan de
improviso, que fue presidido por el presidente Alejandro Toledo, que tomó la
decisión de enviar una comisión a la capital chilena, a fin de iniciar los
trámites de extradición de Fujimori a Perú, para que fuese procesado por los
delitos que se le imputaban entre los años 1990 y 2000.
Previamente a su llegada a Chile,
Fujimori habría pasado por Tijuana (México), pero no se le detuvo, hecho que posteriormente
produciría el despido del jefe de la sección de Interpol en Tijuana. Carlos
Abascal, secretario de Gobernación (Interior) mexicano, explicó que había sido
imposible su detención porque no había una orden de extradición por parte del
gobierno peruano, después se dijo que Fujimori había usado su pasaporte
japonés, y que la orden emitida por la Interpol estaba basada en los datos
contenidos en su pasaporte peruano. Lo mismo ocurrió con el Jefe de la Interpol
en Perú, quien no respondió las llamadas de la Interpol chilena.
El proceso de extradición a Perú se
inició formalmente el 6 de enero de 2006, mediante una solicitud presentada por
la Embajada del Perú en Chile ante la Corte Suprema chilena. Tras su detención,
a partir del 7 de noviembre de 2005 y hasta el 18 de mayo de 2006, Fujimori
estuvo detenido en la Escuela de Gendarmería de Chile.
El 18 de mayo de 2006, la Corte Suprema
de Chile otorgó la libertad bajo fianza a Fujimori, tras haber permanecido
detenido más de medio año, aunque con una orden de arraigo que le impedía salir
de territorio chileno mientras se desarrolle el procedimiento.
Estando a la espera del fallo sobre la
extradición y teniendo la nacionalidad japonesa en calidad de pasiva, Fujimori,
decidió aceptar postular como candidato al Senado del Japón, por la agrupación
política de extrema derecha llamada Kokumin Shintō (japonés: "Nuevo
Partido del Pueblo"). Las elecciones se realizaron el 29 de julio de 2007
y resultó un fracaso total para el candidato Fujimori, quien no obtuvo representación
parlamentaria alguna.
El 11 de julio de 2007, el ministro de la
Corte Suprema de Chile, y juez de la causa contra Fujimori, Orlando Álvarez
rechazó el pedido de extradición solicitado por el Estado peruano, basándose en
que los delitos no estarían suficientemente acreditados. Ante ello, el Gobierno
del Perú presentó un recurso de apelación ante la misma Corte Suprema, cuyo
conocimiento y resolución corresponde a la sala penal (Rol Nº 3744-2007). En
agosto del mismo año, se decretó el arresto domiciliario, tras una petición de
un representante de Perú.
En la mañana del 21 de septiembre de
2007, Alberto Chaigneau, presidente de la segunda sala (Sala Penal) de la Corte
Suprema Chilena, anunció que se había acogido la solicitud de extradición de
Fujimori, tras un mes desde los alegatos finales de las partes ante el
tribunal.[29] Chaigneau informó que 7 de las 13 acusaciones por delitos
presentados contra Fujimori fueron aprobadas: cinco por casos de corrupción,
cuya votación fue dividida y aprobada por mayoría; y dos por faltas a los
derechos humanos (lesa humanidad), aprobados por unanimidad. La sentencia de la
Corte Suprema de Chile, fechada el 21 de septiembre de 2007, consta de 212 páginas.
Juicios en el Perú.
El 22 de septiembre de 2007, Alberto
Fujimori es extraditado al Perú, por decisión de la Corte Suprema de Chile,
para responder por diversas acusaciones ante la justicia peruana. El avión que
lo transportó primero aterrizó a las 13.20 horas en Tacna, luego lo hizo a las
16.40 horas en la Base Aérea de Las Palmas de Surco, en Lima. Posteriormente
fue trasladado y recluido en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de
la Policía Nacional del Perú. Poco después se inició el primer juicio contra el
acusado Fujimori, por el allanamiento ilegal, a fines de su gobierno, a la casa
de su asesor Vladimiro Montesinos, que se hizo usurpando la autoridad del poder
judicial.
El Ministro de Relaciones Exteriores del
Perú, José Antonio García Belaúnde, aseguró que el Gobierno no se prestará a un
espectáculo mediático mientras dure el juicio al que será sometido Alberto
Fujimori.
El 10 de diciembre de 2007, se inició en
Lima el juicio contra Alberto Fujimori por los sucesos denominados masacres de
"Barrios Altos", y "La Cantuta".
El 11 de diciembre de 2007, la Sala Penal
Especial, presidida por César San Martín Castro, condenó en primera instancia a
Alberto Fujimori Fujimori a seis años de pena privativa de la libertad y dos
años adicionales por el delito de usurpación de funciones y abuso de autoridad
por haber participado en calidad de inductor en el allanamiento de la
residencia de Trinidad Becerra (ex esposa de Vladimiro Montesinos).
De acuerdo
a la sentencia el inculpado Fujimori no podrá ejercer ningún cargo público y
deberá pagar una reparación de 400.000 soles. El 8 de abril de 2009, la Primera
Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema reafirmó la sentencia, desestimando
el pedido que presentó el ex-mandatario para que se anule el fallo.
El 7 de abril de 2009, fue condenado a
veinticinco años de pena privativa de la libertad como "autor mediato de
la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato bajo la
circunstancia agravante de alevosía en agravio de los estudiantes de La Cantuta
y el caso Barrios Altos". Asimismo,
el Tribunal lo halló culpable por secuestro agravado, bajo la circunstancia
agravante de trato cruel, en agravio del periodista Gustavo Gorriti y el
empresario Samuel Dyer Ampudia. La Sala Penal Especial determinó que la condena
vencerá el 10 de febrero de 2032.
El 20 de julio de 2009, la Corte Suprema
del Perú condenó a Fujimori a otros 7 años y medio de cárcel al ser encontrado
culpable de "peculado doloso, apropiación de fondos y falsedad ideológica
en agravio del Estado". Fujimori admitió haber entregado 15 millones de
dólares a su ex asesor Vladimiro Montesinos de fondos del Tesoro Público,
aunque alegó que lo hizo para evitar que Montesinos diera un golpe de estado y
que el dinero fuera posteriormente devuelto. Sin embargo al no poder probar el
origen del dinero devuelto (cuyos billetes eran de diferente denominación) y
ante la aparente apatía de Fujimori en evitar la fuga de Montesinos, la Corte
determinó que Fujimori cometió otros dos hechos punibles: facilitar la fuga de Montesinos
y devolver una cantidad inexplicable. La Sala descartó de plano las dos
atenuantes de la defensa: la restitución tardía del monto y el soborno a
Vladimiro Montesinos para desactivar un supuesto complot.
El 30 de setiembre de 2009, fue sentenciado
a seis años de prisión por los casos de interceptación telefónica, pago a
congresistas y compra de la línea editorial de medios de comunicación durante
su régimen; el ex gobernante fue encontrado culpable de los delitos contra la
administración pública, peculado doloso en agravio del Estado, corrupción de
funcionarios, cohecho activo genérico en agravio del Estado y contra la
libertad, violación del secreto de las comunicaciones, interferencia o escucha
telefónica.. Así mismo, fue inhabilitado para ejercer cargo público alguno por
dos años y dispone el pago de una reparación civil de 24 millones 60 mil 216
nuevos soles a favor del Estado. De igual manera, se ordenó que Fujimori abone
tres millones de nuevos soles a cada uno de los 28 agraviados por el mismo
concepto.
El 2 de enero de 2010, fue confirmada la
sentencia a 25 años de prisión por violaciones de los derechos humanos.
El 07 de junio del 2013 el presidente
Ollanta Humala niega el pedido de indulto al ex presidente Alberto Fujimori.
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